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Crónicas de la República – Estallidos latentes

Eugenio Paillet (fuente: www.lanueva.com)

Gabriel Mariotto viene de decirle, lo más campante, a Daniel Scioli que nadie lo votó. Que los votos que sacó en las elecciones de 2011 no son de él, sino de Cristina Fernández. La presidenta ordenó, al mismo tiempo, una ofensiva frontal y con pretensiones de batalla final contra Mauricio Macri, a quien eligió como centro del profundo rencor que a ella le provocan los porteños, por el simple hecho de que no la votan y, al parecer, nunca la votarán.

Por otro andarivel, las discusiones paritarias de los gremios para mejorar sus salarios muy por encima de la pauta del 18 por ciento, atada a la fantasiosa medición del alza de los precios que hace Guillermo Moreno, amenaza con complicar la escena al gobierno, que no vio venir el conflicto, obnubilado por la oleada nacionalista que dejó Malvinas y la expropiación de YPF. Aunque resulte extraño, hay funcionarios preocupados por ese cuadro y, en especial, por el decurso de esos tres frentes abiertos, porque suponen que los primeros desafíos al poder presidencial, y a su consigna de barrer con todo y con todos los que se le pongan por delante en su camino hacia la perpetuación, pueden estar llegando.
 Veamos cada caso. Aquella frase de Mariotto dirigida a Scioli implica no sólo relativizar la cosecha personal de votos del gobernador. Mandó decirle sin emisarios que, si los votos no son suyos, por lo tanto, su autonomía para gestionar la Provincia es igual a cero. Peor: le dijo indirectamente que aquella sospecha suya acerca de que Cristina le había impuesto al vicegobernador sin derecho al pataleo, para que lo vigile y controle, era cierto: en la Provincia, se hace lo que dice la presidenta y el mensajero de la reina es Mariotto, quien impone a Scioli qué cosas están bien y son del agrado de ella y qué otras deben discutirse y frenarse, como viene pasando en la Legislatura ante cada proyecto que al vicegobernador, o a la presidenta, no les gusta. “Yo me someto a la conducción de la presidenta, Scioli debe hacer lo mismo”, es una frase en boca de Mariotto en medio de un viernes caliente como pocos en la interna del kirchnerismo-cristinismo bonaerense que no dejó lugar a dos interpretaciones. 
Que Scioli y Mariotto iban derecho a un conflicto de consecuencias graves e imprevisibles, en la medida en que se ponía sobre la mesa que uno tenía aspiraciones para 2015 y el otro había sido mandado a tumbarlas, estaba cantado. Los aprietes y las trabas que el vicegobernador puso a la administración de Scioli, que también es la suya, apenas arrancó la gestión, y su rápida toma de distancia de las posiciones del gobernador, en especial en la Legislatura, fueron la prueba.
La última gran trapisonda de Mariotto rebalsó todos los vasos y agotó la paciencia de funcionarios que, hasta ahora, se habían visto obligados a tragarse varios sapos, ante la orden de Scioli de no contestar agresiones, sino dedicarse a la gestión. Fue el proyecto que marca un límite insólito, sin retorno aparente, en la interna política: un vicegobernador que pide investigar en qué gasta el gobernador la plata destinada a la publicidad oficial. En verdad, hay que desnudar lo que se esconde detrás: Mariotto, lo que persigue, es restar esa herramienta a su jefe, para impedirle que haga publicidad en los medios críticos al gobierno, y para imponerle la nueva bajada de línea que busca que esas partidas sólo sean destinadas a diarios, radios y canales amigos y aliados de la Casa Rosada.
 La ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, hizo, el viernes, algo más que romper ese cerco que hasta la irritación les impone Scioli a sus funcionarios para no incomodar a la habitante de Olivos. Con su acusación directa a Mariotto de estar poniendo palos en la rueda del gobierno bonaerense, y la comparación, como al pasar, que hizo entre el vice y Julio Cobos, tal vez abrió la puerta a otros dirigentes o funcionarios que se ataban la boca, pero despotricaban duro contra Mariotto y sus aliados de La Cámpora, en comentarios privados.
 En efecto, Gustavo Marangoni, brazo derecho del gobernador y cultor acérrimo de la idea de poner siempre la otra mejilla, se desbocó por esas horas calientes y alimentó la sospecha de que ni él ni la sobrina nieta de Evita lo hicieron por las suyas: “Mariotto se la pasa siempre mirando otro canal”, lo cruzó con ironía.
En medio de esos enjuagues de final incierto, el gobierno descubrió, tarde y mal, que tiene un enorme conflicto en puerta con los gremios. Y que no es sólo con Hugo Moyano la pelea por poder y por salarios. Vaya apenas un botón de muestra: Antonio Caló, el mimado de Cristina Fernández para desbarrancar al camionero de la conducción de la CGT en julio, le hizo esta semana un paro general de metalúrgicos con alcance nacional que ni el bravo titular de la central obrera se había animado a impulsar hasta ahora. Primera conclusión: dicen, en despachos gubernamentales, que a ella le produjo un berrinche mayúsculo esa inesperada jugada, y que ya no es tan cierto que quiera a Caló al frente de la CGT.
 La presidenta, que pareció despertar del sueño del país de maravillas en el que vive sin pausas, salió disparada hacia la crítica dura y sinrazón. Acusó a los trabajadores de ganar mucha plata, dijo que, en algunos casos, superan lo que ella percibe mensualmente, y les reclamó “sensatez” en las discusiones paritarias. Hasta transitó un andarivel peligroso, cuando pretendió acotar el derecho de huelga que las organizaciones sindicales tienen consagrado en la Constitución. Desde el moyanismo, la cruzaron con dura ironía: le recordaron la austeridad franciscana con la que vive un presidente como el uruguayo José Mujica.
 La conflictividad gremial amenaza con convertirse en un polvorín. En despachos oficiales, hay algunas críticas hacia la gestión de Carlos Tomada. El círculo íntimo que rodea a Cristina sospecha que no hizo todo lo que debía para evitar que las cosas llegaran a este punto. Es, cuanto menos, una factura que le queda grande al ministro de Trabajo. El problema creció oculto y larvado debajo de todo un gobierno que, en los últimos meses, vivió encandilado por las oleadas de nacionalismo que despertó la escalada con Gran Bretaña por las islas Malvinas, el rotundo éxito en el Congreso de la expropiación de YPF, a expensas de una oposición inexistente; el constante relato sobre las bondades del modelo, la flamante estrategia de machacar con el eslogan “unidad y organización”, que esconde detrás la decisión presidencial de eliminar cualquier disidencia interna, como la que supondría Scioli, y la renovada búsqueda de enemigos de afuera o de adentro para sostener la vieja premisa de “ir por todos”.
 Vale apenas un repaso de los conflictos existentes o por venir para medir la dimensión de ese frente: los metalúrgicos siguen en estado de alerta y levantaron la medida de fuerza de esta semana por imperio de la conciliación obligatoria; los camioneros de Hugo y Pablo Moyano mantienen la amenaza de un cese nacional de esa vital actividad en demanda de un piso salarial del 30 por ciento; la mitad de los trabajadores estatales nucleados en ATE rechaza el aumento del 21 por ciento acordado en paritarias por la oficialista UPCN y se apresta a iniciar paros y tomas de edificios públicos y ministerios, como ya pasó el viernes en el Palacio de Hacienda y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; los petroleros de Santa Cruz no se conmovieron por la llegada a YPF de Miguel Galuccio y realizaron un paro en las propias narices del ejecutivo, cuando fue a visitarlos. Y podrían extender la huelga a todas las destilerías del país.
 Hay más: los bancarios están en pie de guerra y amenazan con parar la actividad por tiempo indeterminado, y los empleados de Aerolíneas Argentinas podrían paralizar sus tareas en demanda de suplementos salariales no liquidados. Lo que, al mismo tiempo, es una muestra palpable de la desastrosa gestión de La Cámpora en la línea de bandera, pese a que el Tesoro le gira diariamente dos millones de dólares en subsidios. La mayor parte de esa montaña de plata, hay que decirlo, se va en pagar jugosos sueldos y contratos a los jóvenes inexpertos, pero ávidos de poder, que Máximo Kirchner mandó para copar la empresa.
Fieles a la tradición, hay quienes, en el gobierno, se aprestan a salir a denunciar intentos desestabilizadores o golpes de Estado propiciados por una nueva asociación entre trabajadores y corporaciones mediáticas, o desvaríos por el estilo. Denuncian, ahora mismo, maniobras para acotarle el poder a Cristina Fernández y evitar que pueda ir por una reforma de la Constitución que incluya su reelección indefinida, copiando el modelo que impuso Néstor Kirchner en Santa Cruz.
Cero autocrítica, desde ya, frente a una administración que ha empezado a complicarse en lo económico, a una cerrazón casi total de la compra de divisas que muestra la desesperación que transmiten desde el Banco Central, a políticas que agudizan la falta de inversión, la desconfianza empresaria y atentan contra el buen clima de negocios que debiera imperar.

Entre Héroes, Asesinos y Traidores

Carlos Viana (fuente:www.elinformadorpublico.com)

I was on the point of withdrawing my Paras from Mount Longdon. We couldn’t believe that these teenagers disguised as soldiers were causing us to suffer many casualties.” Brigadier Julian Thompson, British 3rd Command Brigade commander.

La niebla hacia imposible la visibilidad más allá de siete metros. Era poco antes de las nueve de la noche y los hombres del selecto 3° Batallón de Paracaidistas Reales (3 PARA), se aprestaban a atacar, las posiciones argentinas en Mount Longdon, defendidas por 270 soldados de la Compañía B del 7° regimiento (EA), una Compañía de Ingenieros y la Sección de Ametralladoras 12,7 de la Infantería de Marina. El mando británico poseía el informe de inteligencia militar, que los soldados conscriptos argentinos de 18 años, no tenían el alto entrenamiento profesional de los paracaidistas del 3 PARA.

Las Guerras de Hugo

Mer­ce­des Montero (Fuente: www.diariodeamerica)

Desde hace 13 lar­gos años, la dic­ta­dura mili­tar Cas­tro comu­nista vene­zo­lana le impuso un len­guaje beli­cista a los ciu­da­da­nos. Todo lo que se oye es bata­llas, tomas, bri­ga­das, escua­dro­nes, divi­sio­nes, inva­sio­nes, terri­to­rios libe­ra­dos, recu­pe­ra­dos, mili­cias, colec­ti­vos, reser­vis­tas, aten­ta­dos, supues­tas inten­cio­nes de golpe de Estado por parte de una pobla­ción civil des­ar­mada. Com­pras de arma­mento, avio­nes rusos, bar­cos de gue­rra, bun­kers, túne­les sub­te­rrá­neos, cam­pos de entre­na­miento de gue­rri­lla, alian­zas con esta­dos fora­ji­dos como Irán, Bielorrusia.

Todo lo que se oye es bata­llas, tomas, bri­ga­das, escua­dro­nes, divi­sio­nes, inva­sio­nes, terri­to­rios libe­ra­dos, recu­pe­ra­dos, mili­cias, colec­ti­vos, reser­vis­tas, aten­ta­dos, supues­tas inten­cio­nes de golpe de Estado por parte de una pobla­ción civil desarmada

Estre­cha amis­tad con Mugabe, con los falle­ci­dos Gadafi y Hus­sein, con la ETA, IRA y las FARC (Maru­landa tiene eri­gida una esta­tua en la Urba­ni­za­ción 23 de Enero en Cara­cas) y el amal­ga­miento con la dic­ta­dura cin­cuen­te­na­ria de los Cas­tro. Los jóve­nes de las noví­si­mas gene­ra­cio­nes sólo han cono­cido ese len­guaje, que alienta a la vio­len­cia como polí­tica de Estado, todo esto tiene como obje­tivo final impo­nerle al pue­blo un sis­tema comu­nista sta­li­nista de gobierno y lle­var al país a un atraso igual al “Mar de la feli­ci­dad”, que es la Cuba de Fidel.

En Vene­zuela exis­ten varios fren­tes de gue­rra que dan ori­gen a “Par­tes de gue­rra” sema­na­les, en los cua­les son repor­ta­das dece­nas de muer­tes por causa de vio­len­cia extrema, que hasta ahora suman más de 160.000 muer­tos. La jus­ti­cia ha sido erra­di­cada, para darle paso a la impu­ni­dad, ya que el 95% de los casos no pasan del estado de denun­cia. Los fami­lia­res pre­fie­ren callar, por­que saben que nada lograrán.

Gue­rra del Estado con­tra el pue­blo: La delin­cuen­cia anda libre en las calles, uti­li­zando todo tipo de armas y apli­cando dife­ren­tes modos de ope­ra­ción, secues­tra, roba, mata, viola, etc. con toda impu­ni­dad. Por lo tanto en las ciu­da­des vene­zo­la­nas hay un “toque de queda vir­tual”, des­pués que ha oscu­re­cido nadie se atreve a salir de unas casas, que tie­nen puer­tas, rejas, alam­bra­dos eléc­tri­cos, muros, alarmas.

Los asal­tos se dan en auto­pis­tas, en las colas de trá­fico, a la salida de dis­co­te­cas, en el Metro, en los buses, en los ban­cos, los taxis­tas ase­si­na­dos son incon­ta­bles. Hay ata­ques a las uni­ver­si­da­des nacio­na­les por parte de las hor­das cha­vis­tas. Los líde­res sin­di­ca­les son ase­si­na­dos Cada día son más los niños muer­tos por­que han que­dado atra­pa­dos en medio de una bala­cera. De acuerdo con las “auto­ri­da­des” la culpa es de los medios y orga­ni­za­cio­nes que recla­man la pér­dida del dere­cho a la vida y nunca de lo que es una polí­tica de Estado por parte de la dic­ta­dura para some­ter al pueblo.

Gue­rra en las cár­ce­les: Las cár­ce­les vene­zo­la­nas son las sucur­sa­les del infierno, en ellas hay dos tipos de auto­ri­da­des, las del penal y las de la delin­cuen­cia. Estas últi­mas están repre­sen­ta­das por el PRAN (P; preso, R: rema­tado. A: ase­sino, N: nato) Gene­ral­mente la cár­cel está divi­dida en pabe­llo­nes y cada pabe­llón tiene un PRAN, con su equipo de lugar­te­nien­tes, y, demás nive­les. Cada grupo tiene dro­gas, alcohol, armas lar­gas y cor­tas, muni­cio­nes, dinero, equi­pos, etc.

En las cár­ce­les hay gue­rras inter­nas entre los PRA­NES por el con­trol del penal, de la droga y alcohol Gue­rra de aden­tro hacia fuera y vice­versa, con todos sus impac­tos cola­te­ra­les. El caso de la cár­cel de La Planta es muy ilus­tra­tivo, las ame­na­zas de entrar a la fuerza en esta cár­cel por parte de la poli­cía y el ejér­cito tenía ate­rro­ri­za­dos a los fami­lia­res de los pre­sos, que no se atre­vían a moverse de los alre­de­do­res para que no los mata­ran. La situa­ción desem­bocó en una bala­cera, hubo muer­tos y heri­dos en las zonas resi­den­cia­les de los alre­de­do­res. Los veci­nos más cer­ca­nos esta­ban atra­pa­dos en una espe­cie de estado de sitio. Pero la culpa es de los medios y orga­ni­za­cio­nes que recla­man la con­fis­ca­ción del dere­cho a la jus­ti­cia por parte de una “revo­lu­ción” que tiene como obje­tivo prin­ci­pal la des­truc­ción de Vene­zuela y de su pueblo.

Gue­rras del nar­co­trá­fico: En el país por sus cua­tro cos­ta­dos hay car­te­les de dro­gas en fun­cio­nes ple­nas, de acuerdo con infor­ma­ción publi­cada en las redes socia­les hay car­te­les mexi­ca­nos, colom­bia­nos, vene­zo­la­nos, etc. y para ver­güenza de la Fuerza Armada Boli­va­riana hay un car­tel lla­mado de los nar­co­so­les, con­for­mado por gene­ra­les con­de­co­ra­dos, ocu­pando posi­cio­nes cla­ves en el alto mando mili­tar que se com­por­tan como capos de la droga. Las acti­vi­da­des de estos car­te­les lle­van inclui­das las eje­cu­cio­nes de miem­bros que se hacen moles­tos. Pero la culpa es de los medios y orga­ni­za­cio­nes que recla­man la des­truc­ción de una Fuerza Armada Nacio­nal como parte del pro­yecto polí­tico Cas­tro comu­nista de una revo­lu­ción que se pro­puso corrom­perla, para poder uti­li­zarla con­tra un pue­blo que no quiere lle­gar a pare­cerse al “Mar de la feli­ci­dad”, que es la Cuba de Fidel.

Los mísi­les en Para­guaná En la década de los sesenta del pasado siglo, hubo una situa­ción de con­fron­ta­ción entre Cuba, aliada con los rusos y USA, con JF Ken­nedy como pre­si­dente, que casi pudo haber ter­mi­nado en una Ter­cera Gue­rra Mun­dial. En esa opor­tu­ni­dad los rusos lle­va­ban misi­les para ins­ta­lar­los en Cuba apun­tando hacia USA, los ame­ri­ca­nos blo­quea­ron a Cuba, los mísi­les no pudie­ron ser ins­ta­la­dos, pero los ame­ri­ca­nos per­die­ron todos los mísi­les en Europa del Este.

El gobierno revo­lu­cio­na­rio colocó mísi­les en la Penín­sula de Para­guaná, justo al lado de la mayor refi­ne­ría del país. ¿A quien en su sano jui­cio se le ocu­rri­ría tra­tar de ata­car una refi­ne­ría? ¿Con­tra quien son esos mísi­les?. En la Vene­zuela que per­dió una Fuerza Armada que era pro­fe­sio­nal, ojalá no se les ocu­rra lle­var a cabo un simu­la­cro de ata­que, lo más pro­ba­ble es que tal acto podría ter­mi­nar en un desas­tre de pro­por­cio­nes indes­crip­ti­bles. La culpa del dete­rioro moral y pro­fe­sio­nal de los com­po­nen­tes de la Fuerza Armada es de una “revo­lu­ción” que se plan­teó como obje­tivo clave des­tro­zarla para poder apo­de­rarse de las rique­zas de Venezuela.

Enemi­gos de Vene­zuela son:

Fidel y Raúl Cas­tro y sus acó­li­tos que odian a Vene­zuela cuyo ejér­cito una vez fue capaz de poner­los en su puesto.
Los chi­nos, que le dan emprés­ti­tos a un irres­pon­sa­ble para que dila­pide, mien­tras roban al pue­blo de Vene­zuela el petró­leo de su sub­suelo.
Los rusos que le ven­den a cré­dito a la dic­ta­dura vene­zo­lana cha­ta­rra mili­tar por miles de millo­nes, y con el dedo seña­lan todo aque­llo con los que les ape­tece que­darse de nues­tra tie­rra.
Los chu­los pre­si­den­tes de los paí­ses del ALBA, que se enri­que­cen en forma per­so­nal y man­tie­nen pro­yec­tos dic­ta­to­ria­les en sus res­pec­ti­vos paí­ses a costa de lo que per­te­nece a los vene­zo­la­nos, legí­ti­mos due­ños de la riqueza del país.

Guyana y las islas que for­man parte del CARI­COM, que pre­ten­den robarle a Vene­zuela su salida al océano Atlán­tico y le tie­nen puesta la vista a la Isla de las Aves, quien sabe con que inten­cio­nes, siendo este robo el pre­cio de su voto como apoyo a cual­quiera de las locu­ras que se le ocu­rran a quien no parece, ni quiere enten­der, ni res­pe­tar que el legí­timo dueño de Vene­zuela somos TODOS los vene­zo­la­nos y no la dic­ta­dura, dema­go­gia o gobierno de turno. Sobre todo cuando cual­quier vía para mos­trar nues­tra ver­da­dera volun­tad ha sido corrom­pida con el obje­tivo de con­fis­car nues­tra libertad.

La reparación

Horacio Verbitsky (fuente: www.pagina12.com.ar)

A un ritmo de vértigo y con intervención de los tres poderes se afirma una política de reparación y expansión de derechos.
 

El Congreso aprobó con llamativa unanimidad una ley que permite renunciar al aparataje médico ante enfermedades incurables y otra que autoriza a decidir la propia identidad de género sin intromisión médica o judicial. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo designó una comisión con mayoría opositora para proponer un proyecto de reforma integral del Código Penal y la justicia citó a indagatoria al principal accionista del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, imputado por la colaboración patronal con la desaparición de personas en la infame Noche del Apagón de julio de 1976. También comenzó en Chubut el juicio a los responsables por la ejecución de 19 presos en la base aeronaval de Trelew ocurrida hace cuarenta años. La semana anterior fue la expropiación del paquete mayoritario de YPF y hace un mes la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Sólo con un gran esfuerzo de la voluntad es posible negar el carácter reparador de la gestión iniciada en 2003 y la permanente expansión de derechos para distintos sectores de la sociedad que ha propiciado o favorecido. También es insostenible la afirmación de que la insistencia en las causas por violaciones a los derechos humanos del pasado impida ocuparse de los problemas del presente. Al contrario, permite hacerlo con mayor solidez y fundamento.

Cambios culturales

denominada ley de la muerte digna interesa al conjunto de la población, la de identidad de género a un porcentaje menor. Pero en ambos casos se evidencia la misma concepción de derechos, que también inspiró las de migraciones, salud mental y medios de comunicación audiovisual. El desafío pendiente es vencer la inercia burocrática que tiende a perpetuar los usos y costumbres tradicionales, con indiferencia por los nuevos marcos normativos. Todos podemos sufrir una enfermedad ante la cual la medicina sólo ofrezca paliativos. A menudo esto implica un encarnizamiento que sólo extiende la angustia para el enfermo y para sus familiares. Como recuerda el gran médico argentino Alberto Agrest en su libro póstumo, En busca de la sensatez en medicina, no se salvan vidas, sólo se posterga la muerte, y en cada caso hay que decidir el sentido ético de la intervención terapéutica. Agrest señala el conflicto de intereses entre la medicina, cuyo interés es la salud, y su comercio, que sólo se interesa por la renta, y se pregunta por la utilidad o futilidad de “internar a un paciente de 90 años en una unidad de cuidados intensivos cuando hace un infarto de miocardio” o de las “quimioterapias en pacientes con neoplasias terminales”. También diferencia entre “la eutanasia como muerte asistida, la supresión de asistencia fútil y la medicina paliativa que conduce a la muerte”, cuyos límites son imprecisos y deben discutirse en cada caso con el paciente y/o sus familiares. La prolongación de un sufrimiento sin esperanzas tiene también un alto costo social, ya que una porción excesiva de la inversión en salud se dedica a estas intervenciones dispendiosas. Con las palabras de Agrest: “¿Cómo justificar los gastos en recursos técnicos de alta complejidad cuando no se utilizan recursos enormemente menores para erradicar el cólera o la desnutrición infantil? ¿Cómo justificar que el PAMI gaste el 90 por ciento de sus recursos económicos en los últimos diez días de vida de los ancianos?”. Ambas leyes, como la de matrimonio del año pasado, expresan transformaciones culturales profundas. Los respectivos proyectos surgieron de coaliciones ad hoc en las que estuvieron representados los principales bloques, pero es ostensible que no se habría alcanzado la unanimidad en varios casos y ni siquiera hubiera sido posible su tratamiento, en otros, sin la participación de la fuerza mayoritaria. Se confirma, por la contraria, con la dificultad que el desinterés de CFK opone a la legalización del aborto, pese al impulso de medio centenar de legisladores de todos los partidos. Cuando Néstor Kirchner apoyó la universalización del matrimonio, hubo quienes lo acusaron de oportunista, lo cual implica dos errores en uno. No se advierte qué habría para cuestionar si hubiera tomado en cuenta los estados de ánimo y la escala de valores que percibió en la sociedad para decidir en qué momento impulsar la sanción de la ley. Pero, además, Kirchner ya se había declarado a favor de la aptitud matrimonial igualitaria en una entrevista filmada antes de llegar a la presidencia. Por lo general quienes sostienen esas críticas, a derecha y a izquierda, con faldas o bigotes, son autorreferenciales y carecen de la receptividad a los sentimientos colectivos propia del oficio político.

Cuestión de códigos

Es natural que el proceso institucional más innovador ocurrido en medio siglo en la Argentina encare también la reforma de los vetustos códigos de fondo, el Civil y el Penal, sancionados hace catorce y nueve décadas. Los sucesivos parches aplicados desde 1921 borraron del Código Penal cualquier racionalidad sistemática. El proyecto de unificación del Código Civil con el Comercial fue realizado por Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, presidente y vice de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por la ex jueza suprema mendocina Aída Kemelmajer, quienes procuraron asegurar la libertad y la igualdad en las relaciones civiles y comerciales. Otro ministro de la misma Corte, Raúl Za-ffaroni, presidirá la comisión encargada de proponer la reforma integral del Código Penal. Sus demás integrantes serán miembros de las principales fuerzas políticas, con mayoría de la oposición: Carlos Arslanian, del Frente para la Victoria, Ricardo Gil Lavedra, de la UCR, María Elena Barbagelata, del FAP, y Federico Pinedo, del PRO. Todos ellos consideran imprescindible restituir al Código Penal la proporcionalidad y el carácter de cuerpo orgánico defensor de una jerarquía de valores, que fue perdiendo en sucesivas emergencias impulsadas por el populismo punitivo, respuesta ilusoria ante delitos horripilantes, como las leyes que el ex ingeniero Blumberg arrancó al Congreso en 2004. Las crìticas de la Iglesia Católica pusieron en el centro de la atención sobre las reformas propuestas al matrimonio y la convivencia, la adopción, las técnicas de fertilización asistida, la gestación en vientres sustitutos, la igualdad de género, el divorcio por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja. Estos notables avances en el sendero de la libertad y de la autonomía de la persona chocan con la rigidez conceptual de una institución misógina, conducida por ancianos célibes, convencidos de que existe un orden natural, jerárquico e inmutable, de cuya perpetuación se sienten custodios, contra cualquier innovación producida por la sociedad humana. Esto ha soslayado otras propuestas de la comisión que merecerán un debate a fondo cuando se trate en el Congreso, coherentes con el perfil de la Corte Suprema, que no ha avanzado sobre los poderes económicos con la misma decisión que puso en la defensa de los derechos humanos fundamentales, sociales, laborales, de los consumidores, de género, comunitarios y ambientales. El proyecto contradice en su articulado muchos de sus propios fundamentos. Por ejemplo,

- divide entre personas jurídicas públicas y privadas y el respectivo derecho aplicable e ignora las múltiples sociedades mixtas legisladas en el siglo XX y sobre todo en la última década. De este modo despoja al Estado empresario de sus prerrogativas públicas cuando participa en personas jurídicas privadas;

- suprime el deber que ahora tienen los jueces de declarar la nulidad absoluta de los actos que violen leyes de orden público que protegen el interés nacional y a los sectores más débiles;

- pone en manos de los grandes estudios que trabajan para los poderes económicos la regulación del arbitraje, en una verdadera privatización de la Justicia, sin publicidad, control ni sanciones;

- torna obligatorio ese arbitraje en casos de valuación de acciones en una sociedad, enmienda muy adecuada para las pretensiones de los socios privados en Papel Prensa, y obliga a los jueces a ejecutar las medidas cautelares dispuestas por esos árbitros;

- elimina la noción de “control de hecho” de una sociedad, como es también el caso de La Nación y Clarín en Papel Prensa, por su pacto de sindicación de acciones y los vínculos especiales en su carácter de consumidor de la mayor parte del producto;

- reduce a la insignificancia el concepto de consumidor;

- establece un inconstitucional requisito de solvencia económica de las asociaciones defensoras del consumidor, lo cual obstaculizará la promoción de acciones colectivas;

- prohíbe que los jueces declaren abusiva una cláusula contractual sobre el precio de bienes o servicios;

- reconoce plena eficacia a los contradocumentos y a la denominada simulación lícita, instrumentos usuales de quienes defraudan al fisco, a los trabajadores y a la familia;

- simplifica el ocultamiento del patrimonio al suprimir la necesidad de un socio minoritario por el 5 por ciento, como exige la Inspección General de Justicia.

Este Código se acomoda a la matriz liberal de la Constitución del siglo XIX, ratificada por las reformas dictatoriales de 1957 y 1972 y la bipartidaria de 1994. Por eso, algunas reformas emprendidas por los gobiernos de la última década se han hecho a contramano de los principios expresados en el texto supremo y más en línea con el constitucionalismo social que inspiró el de 1949, derogado por la fuerza en 1955. De este modo, la propuesta reforma de los Códigos de fondo, con las salvedades que se enumeraron, y la no anunciada pero imprescindible del Código Procesal Penal podrían constituir un precedente para encarar también la enmienda constitucional, que termine con el divorcio entre la letra escrita y la práctica social. La UCR y el FAP, que acompañaron la recuperación de la empresa petrolera fiscal, deberían coincidir también con esta posibilidad de adecuar la norma a la realidad. Si, en cambio, privilegiaran su oposición a cualquier impulso originado en el gobierno, quedará por ver si las elecciones del año próximo, en las que el FpV renueva su magra cosecha de 2009, le permitirán avanzar en esta dirección.

CARPETAZO

Julio Doello (fuente:www.elagoraonline.com.ar) 

La presidente “descubrió” que algunos sindicalistas viven demasiado bien para sus cargos, situación que no pareció importarle durante muchos años a nadie salvo a Patricia Bullrich, quien increpó por este tema a Moyano en un célebre debate televisivo.

La SIDE debe de haberle alcanzado suculentas carpetas que demuestran que algunos dirigentes sindicales han hecho fortuna medrando en los sindicatos y la amenaza es evidente: o están conmigo o los “empapelo”. Sin embargo, el dicho bíblico “quien esté libre de culpas que arroje la primera piedra” adquiere, en estas circunstancias, Máximo Vigor, aunque el Sanedrín jurídico contable que administra las sombras ampare a quienes hicieron una fabulosa fortuna en la función pública sin consecuencia alguna y aún no se sepa el destino de los 600 millones de dólares de las regalías petroleras de Santa Cruz. Se comprende por qué Moyano despierta de pronto gran oposición dentro de la C.G.T. Quizás, entre otros Cavallieri, Lescano, Gerardo Martínez, acusado fugazmente de haber colaborado con el escuadrón 601 de Inteligencia del Ejército, no se oponen a Moyano por minucias tales como diferencias ideológicas, sino porque hubo un aquelarre secreto en el cual la logia sindical le dijo a Moyano: “Con vos todo bien, pero la Presidente no te quiere y, si te presentás otra vez, estamos todos en el horno porque nos cagan a carpetazos: bajate”. Moyano duda, porque las carpetas también sobrevuelan sobre su cabeza y por eso apela a la misericordia y dice: “Si la presidente me lo pide doy un paso al costado”. Por supuesto que la frase está inconclusa y podría completarse agregando “siempre y cuando me brinde algunas garantías”. Mientras tanto Caló, de la U.O.M., concretó una operación armada desde el poder y se mandó una huelguita de utilería para que todos vean que él también es combativo y que, si hay que enfrentar al gobierno, lo enfrenta, para poder posicionarse en la interna y ser el nuevo Secretario General de la C.G.T. En el circo es de bicho inteligente saltar por el aro de fuego cuando se oye el chasquido del látigo del domador. En los noventa, Menem doblegó a los que hoy se oponen a Moyano utilizando el método del “carpetazo”, con su parsimonia de erres arrastradas consiguió su apoyo franco a la aventura “neoliberal” y pudo con todos menos con él, quien todavía contaba con hábiles contadores y le había sido vedado mojar el pan de la olla donde se cocinaba el jugo del poder. Pero Menem fue más leal, jamás lo amenazó públicamente apelando a la “bajeza” de señalarle sus alpargatas nuevas, porque al final “el Carlos” creía que había que vivir y dejar vivir, que cada lechón en su teta es la forma de mamar, como enseñó Hernández. Después llegó Néstor. Hugo y él hicieron muchos negocios juntos, se palmearon ocasionalmente y, en un momento, Moyano planteó diferencias por cuestiones de asientos contables y tuvo la mala suerte de ser el último que elevó los triglicéridos del presidente muerto con sus incordios, por lo cual para Cristina y su familia, acostumbrados a creer que todo mal viene de afuera, fue el Secretario General de la C.G.T. el que asesinó al héroe de la mítica escafandra. La presidente se arqueó las pestañas, se mordió el pulgar y está dispuesta a todo con tal de hacerle pagar, cortándolo de a pedacitos, el berrinche que desplomó para siempre a su marido.

No hay salida para Moyano. Si persiste en su actitud de querer mantener su cargo arrastra al infortunio a todos aquellos que antes estuvieron con Menem mientras él lo resistía, y hoy están dispuestos a jugarle en contra, alinearse con el “modelo” y pactar una salida gradual de la conducción de sus sindicatos para entregarlos a La Cámpora a cambio de una previsible inmunidad. Incluso el autodenominado súper alcahuete de Menem, Luis Barrionuevo, está dispuesto a quebrar su espada para evitar que se los conduzca a carpetazos a la celda VIP que el destino les depara si no dan muestras de obediencia a los que van por todo.

Así que Moyano, encadenado como perro malo, traicionado incluso por Omar Viviani, a quien acunó bajo su ala durante tanto tiempo, deberá rodar cuesta abajo y suplicar para que su victimaria, la presidente, se detenga en su venganza cuando lo vea yéndose al trotecito de la C.G.T. y no decida perseguirlo para sacrificarlo judicialmente cuando lo vea caído y sin resuello.

¡Malhaya, triste destino, los caballos argentinos!, diría mi compatriota de la tierra chica, Don Víctor Velazquez

Valioso debate por la verdad completa y la concordia

En la última Feria del Libro llevada a cabo en Buenos Aires un debate tuvo lugar. En el mismo y sentados en una mesa protagonistas de la década del 70 por primera vez  devatieron sobre un tema que aún ahoy tiene sus cicatrices.

Reconocer los errores y crímenes cometidos por los sectores en lucha durante el Proceso contribuirá a superar odios y divisiones.Convocados por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, participaron el lunes pasado de un panel seis personas con actuaciones antagónicas o diferentes, relacionadas con la violencia de la década del setenta. En la mesa se sentaron dos ex guerrilleros, uno del ERP, Jorge Masetti; otro de Montoneros, Luis Labraña; dos militares que participaron en la lucha antisubversiva, Emilio Nanni y Rodolfo Ritcher; una hija de desaparecidos, Eva Donda, y otra de un militar secuestrado durante el copamiento del cuartel de Azul y muerto por el ERP, Silvia Ibárzabal. 
 
   

El debate fue seguido por más de 600 asistentes en la sala Borges de la Feria del Libro. Hubo opinión coincidente entre los panelistas así como entre los asistentes de que el debate fue un aporte positivo al reconocimiento de la verdad, y de los errores y crímenes cometidos de ambos lados. Todos coincidieron en que así se contribuye a encontrar los espacios para la concordia y para superar odios y divisiones que atan a un pasado y que impiden el esfuerzo común que el futuro reclama.

Los dos ex guerrilleros expresaron con franqueza que habían tomado las armas para matar o morir y que su objetivo era llevar la revolución al poder. Les era indistinto tanto enfrentar a un gobierno de facto como a uno constitucional. En su momento, ellos justificaron la violencia contra las personas y las instituciones en pos de instaurar una dictadura marxista en la Argentina. El modelo cubano estaba en la conducción y en el propósito de aquella lucha. De hecho, Masetti, hijo de un famoso guerrillero de los sesenta, había sido criado en Cuba y desde los servicios de inteligencia de Fidel Castro planificaba y daba apoyo a los movimientos guerrilleros latinoamericanos. Desde allí participó en el apoyo militar a la guerra angoleña y también desde allí fue enviado al ERP en la Argentina. Sus palabras no dejaron lugar a dudas del carácter de aquella guerra revolucionaria, con ejércitos organizados y apoyados desde el exterior que atacaron al Estado argentino.

Los militares del panel mostraban sobre sus propios cuerpos el saldo de su participación en la lucha. En ambos casos fueron heridos en enfrentamientos abiertos, uno en la selva tucumana, el otro en la defensa de La Tablada. Por esos hechos deben enorgullecerse y así lo expresaron; no obstante, asumieron en sus reflexiones los crímenes de la guerra en el otro frente: el de la clandestinidad y el de las desapariciones. Así como el ejército argentino se enfrentó valientemente respetando las reglas de la guerra cuando el oponente tomó la forma de la guerrilla rural o atacó unidades militares, también se encontró con un conflicto diametralmente distinto frente al terrorismo urbano. Fue el desborde de las organizaciones armadas en este tipo de teatro de operaciones lo que llevó al extremo su desafío en contra del Estado y de la sociedad. Esto motivó en 1975 la convocatoria de un presidente constitucional a las Fuerzas Armadas para asumir la defensa que esa sociedad reclamaba. Pero el método elegido para responder a aquel clamor no fue el que correspondía. La represión fuera de la ley no puede justificarse alegando su legitimidad porque se actuó en defensa de las instituciones, ni por la efectividad y rapidez buscada en los resultados, ni por el carácter clandestino del atacante. Tampoco alcanza la excusa del antecedente fallido de la Cámara Federal en lo Penal, desmantelada por un gobierno constitucional asociado a la guerrilla y con el lamentable acompañamiento de buena parte de la clase política.

La acción del Estado y sus fuerzas armadas nunca debió apartarse de la ley, o en su caso de los códigos de justicia militar. Las recientes revelaciones de Jorge Rafael Videla sobre la metodología aplicada y sus razones sólo dejan espacio para el más absoluto rechazo, aunque tal vez puedan contribuir a que toda la verdad emerja a la superficie y a partir de allí ambos bandos hagan reconocimiento pleno de sus culpas, y se avance hacia la concordia.

Los militares participantes en el panel defendieron con fundamento la acción de las Fuerzas Armadas, aunque también reconocieron los errores cometidos y se lamentaron por ellos. Quedó claro para todos los panelistas que no cabe la aplicación de la justicia a sólo uno de los bandos de aquella guerra. Se dijo que esto suena a venganza más que a justicia y que de esta destructiva confrontación no se sale con una justicia asimétrica, apoyada en la declaración de imprescriptibilidad y de lesa humanidad sólo para los crímenes de la represión.

Las exposiciones de Masetti y de Labraña dejaron en claro el carácter internacional y organizado de las fuerzas irregulares atacantes a las que pertenecían. Esto deja fuera de toda duda, de acuerdo con la jurisprudencia internacional, que les alcanza también la tipificación de crímenes de lesa humanidad. Las alternativas hacia adelante son: darle la simetría faltante a la persecución judicial extendiéndola a los ex guerrilleros y de esa forma seguir revisando el pasado, o superarlo y mirar hacia adelante. El camino sugerido por los panelistas fue el de la superación. Las palabras finales de Labraña fueron: “O trabajamos todos juntos o desaparecemos como sociedad”.

Diputados oficialistas impulsan ley para limitar tamaño de los campos

Sinceramente, para analizar

Los diputados Francisco Plaini (Buenos Aires) y Oscar Albrieu (Río Negro), ambos integrantes del bloque oficialista, presentaron un proyecto de ley para una reforma agraría que podría cambiar muchas cosas de aprobarse.

 Sería mediante una reforma del Código Civil, y establecerían un máximo de 5.000 hectáreas dentro de una misma provincia, como el límite que no podría superar en propiedad ninguna persona física ni jurídica. También abren la puerta a la expropiación de campos cuando se verifique que no pagan sus obligaciones tributarias.
 
La iniciativa propone modificar el Código Civil de la Nación y retomar el espíritu de la Constitución peronista de 1949 en cuanto a la función social de la propiedad, incluida la tierra.
Lo que proponen los legisladores, entre otras cuestiones, es la “prohibición” para cualquier persona física ni jurídica ni unidad agrícola familiar, de poseer “un inmueble rural que supere las cinco mil hectáreas (5.000 ha) dentro de la misma provincia”.
 
La iniciativa establece otra modificación que traerá polémica, máxime después de la expropiación de YPF donde el gobierno ha demostrado que no le temblará la mano a la hora de asegurarse que su “modelo” político y económico tenga garantías de continuidad.
 
Así los legisladores habilitan a la “expropiación o división y venta de los inmuebles rurales de grandes extensiones que no produzcan renta”. La norma prevé como forma de determinar la improductividad del campo “cuando no se pague impuesto vinculado a producción agropecuaria y/o industrial”.
 
La iniciativa añade también otras modificaciones al Código, como asegurar el respeto a las servidumbres cuando haya propiedades que abarquen ríos o lagunas permitiendo el acceso y la circulación por el agua que atraviesa dichas propiedades.
 
Otra de las modificaciones que plantea la norma es la impedir la subdivisión de una unidad económica en otra antieconómica, como ocurre en algunas provincias como Santa Fe, Río Negro, Córdoba, La Pampa mediante la reglamentación del Art. 2326 del Código Civil que es el que se plantea modificar.
 
Los diputados se inspiran para el proyecto nada menos que en “la doctrina proclamada por el General Juan Domingo Perón que quedó plasmada en la Constitución de 1949 en su artículo 38 referido a la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”, sostienen.
 
“La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común” reza el mencionado artículo que recuerdan los legisladores.
 
“Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. …”, concluyen en su cita los diputados “peronistas

DE HABITANTES ESPECTADORES A CIUDADANOS PROTAGONISTAS

Rabino Sergio Bergman (Fuente: ´www.cronicayanalisis.com.ar)

La única forma de que el habitante se ciudadanice es apelar a su conciencia. La conciencia es la capacidad de cada ser humano de conectar la realidad de los que sucede fuera de él con su reflexión respecto de ella. Una persona es consciente porque reflexiona acerca de lo que hace: si sólo fuéramos un animal sofisticado, obraríamos sólo por instinto y reacción.

Cabe preguntarse, entonces: ¿los ciudadanos argentinos reflexionamos?

En medio de una sociedad local y una tendencia global occidental a la inmediatez, a la compulsión y a la quietud espiritual, la capacidad reflexiva –es decir, la capacidad espiritual o de conciencia– de cada individuo se ve postergada, adormecida, o hasta anulada, en pos de una sociedad repetitiva y anestesiada. Prima la desintegración, el alineamiento en la irreflexión, entre la causa y el efecto o reacción que ésta provoca.

La cultura actual quiere preservar lo instituido y constituido formalmente. Por lo tanto, la nueva actitud cívica de la comunidad ciudadana deberá revisar, como mecánica constante y continua, la cultura para restablecer en busca del bien común los principios activos que la constituyen y la instituyen como tal. Esto asegurará una mejor y más rica calidad de vida ciudadana desde el presente hacia el futuro. A veces es usual confundir la evolución con la sofisticación. Indudablemente, contamos con mayor cantidad de recursos para “hacer” mejor las cosas, es decir, somos sofisticados, pero no sabemos cómo usarlos para obtener mejores resultados; en esto no se percibe, por cierto, evolución.

Apelo, entonces, a los habitantes del suelo argentino, para que integrados en su pertenencia a una misma sociedad y país, asuman su conciencia ciudadana. Hoy en día, se advierte una anestesia de ciudadanía, una dimensión de letargo, una idea de que cada uno de nosotros está adormecido en su conciencia ciudadana, y lo necesario es ¡despertarla!

Pero, “despertarla” no significa “reclutarla” para el partido con fines de clientelismo electoral. Es necesario, primero, realizar un trabajo de formación cívica y ciudadana en los valores que cada una de las leyes de la Constitución Nacional representa, más allá de la “forma” visible y literal. Es indispensable que los argentinos, sobre todo los que estamos en situación y posición real de hacerlo, demos un paso adelante respecto de nuestra responsabilidad de involucrarnos en el curso de nuestra Nación.

DELENDA EST BUENOS AIRES

Jorge R. Enríquez

Hacia el año 150 a.c. Marco Porcio Catón, conocido como Catón el Censor, terminaba todos sus discursos en el Senado o en el Foro, cualquiera que fuera el tema al que se hubiera referido, con tres palabras, que eran su grito de guerra: Delenda est Carthago! (Cartago debe ser destruida).

No se trataba de vencerla. Se trataba de destruirla, de arrasarla, de borrarla del mapa para siempre, sus piedras, sus ciudadanos, e incluso su recuerdo debía perecer.

Tal era su obsesivo odio por esa próspera ciudad,  la única que rivalizaba con Roma por aquellos tiempos. Catón no vivió para verlo, pero finalmente Roma logró no sólo derrotar a Cartago, sino también hacerla desaparecer de la faz de la tierra, como deseaba el viejo senador.

Cristina Kirchner no es Catón. La honestidad, la vida frugal y la severa austeridad republicana del romano poca vinculación tienen con el estilo de la Presidente, más cercano al de los jeques árabes, ni, afortunadamente, tampoco hay riesgo de enfrentamientos militares entre los argentinos, pero una obsesión parecida la guía en su relación con los porteños y con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.

Le molesta, sobre todo, que la capital argentina sea casi el único distrito que no se arrodilla ante ella. Los porteños son, en su gran mayoría, poco afectos al kirchnerismo.

Macri no ha desarrollado nunca una política de confrontación con el gobierno nacional. Todo lo contrario, ha insistido siempre en la necesidad de la colaboración recíproca entre Nación y Ciudad, pero tampoco se ha subordinado, como pretende la primera magistrada, a las directivas de ésta. Puede hacerlo no sólo por sus convicciones, sino porque Buenos Aires se financia casi exclusivamente con sus propios recursos, a diferencia de la mayoría de las provincias, que dependen de la caja central hasta para pagar los sueldos de los empleados públicos.

Eso explica que, en esta etapa del “vamos por todo”, la presidente impulse diversas acciones para erosionar los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, le quiso tirar los subtes y colectivos por la cabeza, sin la transferencia de recursos que impone la Constitución Nacional, le poda todos los subsidios de luz a los establecimientos sanitarios y de tarifas al transporte, le saca la policía de las escuelas, hospitales, dependencias públicas y subtes, pretendiendo que de eso se ocupe la Policía Metropolitana, que es una fuerza incipiente, creada para complementar a la Federal.

En ese marco de actos de hostigamiento al gobierno local, la Presidente  Cristina Fernández promueve el rechazo de la provincia de Buenos Aires a recibir, como hasta ahora, los residuos generados en la capital, lo que recrearía las aduanas interiores que la Constitución suprimió en 1853 y la pretensión que el Banco Ciudad no cuente más con los depósitos judiciales de los tribunales nacionales, como sucede desde hace décadas.

Sobre este punto, no hay razón que justifique la modificación que se propicia para que aquellos pasen a realizarse  en el Banco Nación en lugar de la entidad bancaria porteña, más  que intentar por una nueva vía asfixiar económicamente a un gobierno de un signo político distinto y que no se subordina a los dictados del poder central.

Intenta esmerilar a un potencial adversario político, pero en el camino no trepida en sacrificar los derechos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera sea su color político. Pero los porteños no tenemos un espíritu sumiso. Se nos quiere castigar porque votamos con libertad, como nos lo dicta nuestra conciencia y no nos sentimos un rebaño del gobierno nacional

Anhelamos vivir en una fraterna unión con todas las provincias y con todos nuestros compatriotas. Y de algo estamos seguros: no seremos Cartago.

Petróleo: ¿Soberanía o Estatismo?

 Esta es una aclaración que parece obvia pero esclarece nuestro objetivo estratégico para ser una nación soberana.

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